La ONU advirtió por el retroceso en los derechos de las mujeres y diversidades en la Argentina
El Comité CEDAW manifestó su preocupación por el cierre del Ministerio de Mujeres y el fuerte recorte presupuestario en políticas de género. Mientras el Gobierno negó los retrocesos en Ginebra, informes revelaron que las partidas para combatir la violencia cayeron un 89% y que el programa Acompañar se redujo a niveles mínimos.
l Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU alertó este martes sobre los graves retrocesos en materia de derechos humanos en la Argentina. Durante el examen periódico realizado en Ginebra, el organismo internacional puso el foco en la desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en la eliminación de programas fundamentales de prevención. A pesar de la evidencia presentada, la delegación oficial argentina negó reiteradamente la existencia de estos retrocesos y definió las medidas como «reordenamientos» institucionales.
El organismo analizó con alarma la situación del presupuesto destinado a combatir la violencia de género, que sufrió un recorte del 89% desde el año 2024. Programas clave como el «Acompañar«, que brinda asistencia económica a víctimas, registraron una caída drástica: pasó de asistir a 102.000 personas en 2023 a poco más de 3.500 en el último año. Además, el Comité remarcó que la violencia letal sigue en niveles críticos, con una tasa de femicidios superior al promedio europeo y fallas estructurales en la protección de las víctimas.
En materia de salud sexual y reproductiva, la ONU advirtió que el Estado Nacional abandonó funciones esenciales, como la compra y distribución de insumos a las provincias. Esta decisión provocó faltantes de misoprostol y medicamentos para abortos seguros en casi todo el país, además de un desabastecimiento total de preservativos durante 2025. El desmantelamiento del Plan ENIA, que permitió reducir el embarazo adolescente a la mitad en años anteriores, también figuró como uno de los puntos más críticos del informe.
La Educación Sexual Integral (ESI) también quedó bajo la lupa tras la eliminación completa de sus partidas presupuestarias para 2025, un hecho inédito desde su creación en 2006. El Gobierno defendió en Ginebra que la educación sexual corresponde de forma «indelegable» a los padres, lo que contradice las obligaciones internacionales que exigen garantizar este derecho en las escuelas. Asimismo, se denunció la parálisis de las capacitaciones docentes y la eliminación de las jornadas obligatorias de prevención de violencia en los colegios.
El acceso a la justicia fue otro eje del debate, especialmente por el cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). De los 105 centros que funcionaban en 2023, solo quedaron operativos 30 en septiembre de 2025. A esto se sumó el debilitamiento de la Línea 144, que perdió gran parte de su planta de trabajadoras y dejó de tener una partida específica de plata, perdiendo su enfoque especializado en violencia de género.
Finalmente, el organismo señaló una «regresión acelerada» en los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. El informe documentó un aumento del 70% en los crímenes de odio durante el primer semestre de 2025 y criticó la difusión de discursos estatales que “patologizan” la diversidad. También se denunciaron restricciones en el acceso a la salud para adolescentes trans y el incumplimiento del cupo laboral travesti-trans, lo que consolidó un escenario de desprotección para este sector de la población.